Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la elección de gobernador de Tucumán prevista para el 14 de mayo hubo mucha discusión sobre la legitimidad de la decisión, pero también se la podría haber considerado desde lo probabilístico.

Se puede pensar en una vieja casa ubicada en un amplio solar y una empresa que pretende demolerla para construir un shopping. Ante eso, un vecino pide que se dicte una medida cautelar impidiendo la demolición hasta tanto se verifique su valor histórico. Tanto el shopping como la casa traerían beneficios a la comunidad pero su coexistencia es imposible. Si la casa fuera derribada y era una reliquia el error es insalvable (no serviría reconstruirla), mientras que si el shopping es frenado y la casa no tuviera valor sólo habría una pérdida financiera y la obra podría iniciarse. Pero no alcanza.

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Debe compararse el valor de la casa ajustado por la probabilidad de que fuera histórica con el valor del shopping ajustado por la probabilidad de que la casa no fuera histórica. Si el pedido no tuviera el más mínimo asidero sale ganando el shopping por más irreversible que fuera la demolición y no debe otorgarse la cautelar; si los fundamentos del pedido lucen razonables sí debe accederse a ella.

La elección en Tucumán era similar. Si se realizaba pero se concluía antes de octubre que Juan Manzur no estaba habilitado debería haber habido una nueva, cualquiera hubiera sido el resultado de la primera, porque se vota comparando fórmulas y la consecuente estructura de acoples y se estaría corriendo con el costo de dos elecciones.

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Si se suspendía la elección cualquiera hubiera sido el resultado de la cuestión de fondo se votaría una sola vez, aunque con el costo financiero para los auspiciantes de las listas. Pero no termina.

Si la elección se hacía y ganaba el oficialismo ¿cómo evitar la inestabilidad debida a las acusaciones de robo de un triunfo? Y peor si los ganadores hubieran asumido (sería casi imposible de cumplir la disposición alternativa de que Manzur no jurara hasta resolver la demanda), con lo que habría sido necesario intervenir la provincia y votar de nuevo.

Lo anterior debe ajustarse por la probabilidad: el costo (financiero e institucional) de realizar las elecciones considerando la probabilidad de que Germán Alfaro hubiera tenido razón contra el costo de postergarlas por la probabilidad de que Alfaro no hubiera tenido razón. Si el pedido de Alfaro tenía algún sustento había que otorgar la cautelar, por menores costos probables.

La verosimilitud habría sido una aproximación a la idea de probabilidad. No es necesario pensar en conspiraciones o alineamientos partidarios de la Justicia, ni acusar a Horacio Rodríguez Larreta de influencias indebidas por decir cinco días antes el resultado (muchas personas decían lo mismo desde meses antes). Era sólo lo razonable. Y no hay nada antidemocrático. Se debe votar, pero cumpliendo la ley.

¿Qué hubiera pasado con el fondo de la cuestión? Vaya uno a saber. Pero sí puede señalarse que los límites a la presencia en el Poder Ejecutivo tienen su sentido probabilístico. No es la misma situación que Tucumán, pero los Estados Unidos sirven de referencia.

Luego de las cuatro elecciones presidenciales consecutivas ganadas por Franklin D. Roosevelt se estableció el límite de no más de dos elecciones en toda la vida, o una sola cuando se ejerció como Presidente más de dos años de un período para el que otro había sido elegido.

Entre los problemas observados estuvieron la confusión entre el patrimonio privado y el oficial y si los funcionarios sabían que servían al gobierno de los EEUU y no a la familia Roosevelt. Renunciaron a la posibilidad de continuar con buenos presidentes que cumplieran dos mandatos pero también se salvaron de nuevos intentos de presidentes calamitosos, no como en América Latina, que ofrece muchos ejemplos de abusos de poder y decadencia de la democracia debidos a reelecciones indefinidas.

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Probabilidades. Los beneficios y costos de que ejerza un poder limitado un presidente extraordinario contra los beneficios y costos de que ejerza un poder concentrado uno de mediocre para abajo. Como la mayoría de las personas son promedio lo más probable es tener un presidente promedio y no un líder esencial, por lo que institucionalmente es más prudente limitar las reelecciones. Después de todo, por definición las personas excepcionales son la excepción.

Las malas consecuencias de la concentración llevan a incluir como condición republicana la alternancia de personas, al menos en los cargos unipersonales, aunque no la de partidos. Por supuesto, en los sistemas parlamentarios hay políticos con muchos años como primeros ministros, pero tienen otros contrapesos, como la frecuencia de las elecciones, que el primer ministro debe primero ser reelegido como legislador o que es más fácil desplazarlo que a un Presidente.

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También se puede interpretar que hubo cálculo de probabilidades en los pedidos de fijación de fecha de las elecciones, aunque un poco diferente. La postergación hasta agosto aumentaría la probabilidad de un triunfo opositor porque se presume una peor situación económica, de responsabilidad nacional aunque de influencia sobre los oficialismos provinciales asociados, pero con el riesgo de que baje la eficacia del aparato electoral opositor por carencia de recursos y cansancio. La evaluación diferente entre los opositores hace a las posturas diferentes ante la fecha.

Los antecedentes judiciales son por validar el adelantamiento pese a lo escrito en la Constitución de la provincia. Y es irrelevante que el fallo para la elección anterior dijera que era por esa sola ocasión o que era por siempre.

El “por única vez” se convierte en para siempre si es repetido en siguientes casos similares y el “para siempre” termina si el mismo o un nuevo tribunal sostiene que cambiaron las circunstancias o su valoración de las circunstancias. Demandar o no puede depender de la estimación de la probabilidad de que se mantengan los fallos anteriores.

Nunca hay certezas, por eso siempre hay que decidir. Probablemente.